Chihuahua, Chih.- 24 de noviembre del 2025. Las recientes protestas en el estado de Chihuahua contra la nueva Ley de Aguas tendrían su origen en un problema de fondo: el presunto acaparamiento del recurso por parte de un reducido grupo de particulares y asociaciones civiles, quienes controlarían cientos de millones de metros cúbicos anuales, de acuerdo con datos difundidos por productores inconformes.
Durante las movilizaciones, se informó que solo 34 chihuahuenses —considerados “privilegiados” dentro del negocio del agua— concentran empresas que explotan 148 millones de metros cúbicos de agua al año.
A este grupo se suman 34 asociaciones civiles que, en conjunto, tienen bajo su administración 291.9 millones de metros cúbicos anuales, utilizados con fines comerciales.
Además, 193 personas físicas cuentan con concesiones particulares que les permiten lucrar con aproximadamente 321 millones de metros cúbicos de agua por año, según las cifras reveladas.
Los manifestantes aseguran que este esquema ha generado profundas inequidades en el acceso al recurso hídrico, afectando particularmente a los pequeños y medianos productores agrícolas, quienes ven limitada su disponibilidad de agua mientras, señalan, “unos cuantos concentran millones de metros cúbicos”.
Con la consigna “¡Alto a los acaparadores del agua!”, los productores afirman que la nueva Ley de Aguas Nacionales no ataca este problema estructural, sino que, por el contrario, podría aumentar las restricciones para los usuarios más pequeños mientras deja intactos a los grandes beneficiarios de concesiones históricas.
Los inconformes insistieron en que la reforma debe incluir mecanismos de regulación efectiva, vigilancia de concesiones, transparencia y sanciones reales para evitar abusos y garantizar un reparto equitativo del recurso.
