Camargo.– 16 de enero de 2026. Más allá de las acciones sociales que representan un aliciente momentáneo, habitantes de comunidades rurales alejadas de la mancha urbana continúan enfrentando necesidades urgentes, siendo una de las más graves la falta total de transporte público en zonas como El Porvenir y Las Virginias.
De acuerdo con lo expuesto, por el regidor Miguel Angel Ceniceros Ibarra y La Síndica Municipal Maru Becerra ambos emanados de la fracción del PRI estas comunidades han quedado prácticamente incomunicadas, luego de la disminución de unidades y accidentes registrados por la empresa que tradicionalmente cubría las rutas sobre la carretera libre a Jiménez. Actualmente, quienes no cuentan con un vehículo propio dependen de terceros para salir de su comunidad, lo que limita el acceso al trabajo, servicios médicos, compra de alimentos y atención a emergencias.
Durante una reciente sesión de Cabildo, Miguel Angel Ceniceros presentó un oficio formal dirigido a las autoridades municipales para gestionar una solución inmediata, solicitando que las empresas concesionarias cumplan con el servicio o, en su defecto, se liberen las concesiones para que otras empresas puedan operar las rutas.
Asimismo, habitantes de estas comunidades comenzaron una recolección de firmas para respaldar la solicitud y exigir ser escuchados, ya que consideran inaceptable que en pleno 2026 existan familias viviendo en condiciones de aislamiento comparables —o incluso peores— a las de décadas pasadas.
Entre las propuestas planteadas se encuentra la posibilidad de que el municipio habilite rutas temporales mediante unidades oficiales, como camionetas o combis, que permitan traslados básicos por la mañana y por la tarde, especialmente para trabajadores, estudiantes y atención de urgencias médicas.
Ceniceros Ibarra exhortó al resto de los y las regidoras a que se sumen y manifiesten su disposición de sumarse a la gestión, incluso de manera conjunta, para llevar la petición ante instancias estatales y el Congreso del Estado, con el objetivo de obtener una solución estructural al problema. Destacó que algunas y algunos ediles ya expresaron su respaldo para fortalecer la solicitud.
Por su parte, Maru Becerra expresó que el artículo 28 del Código Municipal establece que las comunidades rurales son responsabilidad del municipio, por lo que existe una obligación institucional de brindar apoyo y garantizar condiciones mínimas de movilidad. En este sentido, se hizo un llamado a Oficialía Mayor para que intervenga de manera inmediata, sin esperar procesos prolongados, al tratarse de un tema de derechos básicos y de atención urgente.
Finalmente, se subrayó que la falta de transporte no es solo un problema logístico, sino una situación que vulnera derechos fundamentales, ya que impide a las familias trabajar, atender su salud y llevar una vida digna, por lo que se insistió en la necesidad de voluntad política y acción inmediata.
