“La gente no entiende de leyes ni de trámites; la gente exige su derecho al agua y lo más básico”: Diputado Arturo Zubia. 

Camargo.- 8 de febrero del 2026. Ante la grave falta de agua potable que padecen diversas comunidades de la región, como en la comunidad de Las Cuevas Arturo Zubia diputado local se ha visto obligado a actuar de manera inmediata para atender una necesidad básica de la población, aun cuando los trámites federales no estén concluidos.

Se recordó que recientemente Mario Mata señaló que la apertura de pozos se realizaría “con o sin el permiso de la Federación”, debido al hartazgo de la población y a la urgencia humanitaria que enfrentan comunidades que llevan cerca de dos años sin acceso regular al agua.

Habitantes de comunidades como Las Cuevas, Altavista y zonas del Valle de Allende han sufrido severos problemas de abasto. En el caso de Parritas en Saucillo Chihuahua, el problema ya fue parcialmente solucionado con la perforación de un pozo, mientras que en Camargo también se realizaron trabajos similares, al igual que en una comunidad del Valle de Allende.

Sin embargo, en Altavista y la comunidad de Las Cuevas la situación continúa siendo complicada, ya que el servicio solo se ha mejorado de manera parcial y aún faltan pruebas técnicas y ajustes para garantizar el suministro constante.

Zubia señaló que la falta de intervención oportuna por parte de la Federación ha dejado a los municipios sin otra alternativa. “La gente no entiende de leyes ni de trámites; la gente exige agua cuando hay una necesidad. Negar el acceso al agua por cuestiones administrativas es inhumano”, expresó Zubia Fernandez.

Reconoció que si bien es necesario contar con orden y regulación en el manejo del recurso hídrico, también debe prevalecer el sentido común cuando se trata de una necesidad humana básica. Los trámites federales, señalaron, suelen ser largos y engorrosos, lo que retrasa soluciones urgentes para las comunidades más vulnerables.

Finalmente, se reiteró que el acceso al agua potable no es un privilegio, sino un derecho humano consagrado en la Constitución, por lo que, ante la emergencia, las acciones para garantizar el abasto deben realizarse “sí o sí”, con o sin permisos, priorizando el bienestar de la población.

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