Estado de Chihuahua.– 3 de noviembre del 2025. La tensión en la frontera y en las principales carreteras del estado se agrava tras el cierre temporal de los puentes internacionales y la semi–paralización de varias casetas de peaje. La situación vuelve a exhibir la falta de coordinación y la incapacidad de los tres niveles de gobierno para atender una crisis que afecta directamente a miles de familias.
Habitantes de la zona fronteriza denuncian que decisiones tomadas sin análisis ni planeación están provocando fricciones entre comunidades de ambos lados, obligando a ciudadanos a confrontarse mientras las autoridades permanecen ausentes o brindan respuestas insuficientes.
En el caso de la caseta de Saucillo, señalaron que fue “disque tomada”, pero solo para no afectar al Gobierno del Estado, permitiendo únicamente el paso por un carril en cada sentido y manteniendo el cobro a automovilistas y transportistas. Esta disposición —afirman— ha generado caos vial, largas filas, aglomeraciones y hasta conatos de pleito entre los mismos ciudadanos.
La molestia es generalizada:
“Las malas decisiones están enfrentando pueblo con pueblo —y las autoridades solo observan”, reclamaron.
Los cierres han provocado retrasos, bloqueos y pérdidas económicas significativas para productores, comerciantes y trabajadores que dependen diariamente del cruce internacional para sostener sus actividades. En plena temporada de mayor actividad comercial, la afectación se multiplica y amenaza con colapsar la movilidad en toda la región.
Mientras los gobiernos federal, estatal y municipal siguen sin ofrecer soluciones claras, los reclamos continúan creciendo. Los ciudadanos señalan que ninguna autoridad ha presentado alternativas viables para mitigar el impacto económico y social que estas restricciones están ocasionando. Miles de familias permanecen atrapadas entre decisiones improvisadas y la falta de responsabilidad institucional.
La demanda es unánime:
que los tres niveles de gobierno asuman su obligación, trabajen de manera coordinada y dejen de trasladar el costo de su ineficiencia a la población que vive, cruza y trabaja en la frontera.
